En Uruguay, un país reconocido por su sólida industria ganadera y su avanzado sistema de trazabilidad bovina, se ha desatado un escándalo sin precedentes. Miles de inversores, tanto locales como extranjeros, han sido víctimas de una estafa ganadera en Uruguay que ha dejado un vacío financiero estimado en 350 millones de dólares.
Empresas como Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte prometieron altos rendimientos a través de inversiones en ganado, pero muchos de los animales resultaron ser inexistentes, dando lugar al término «vacas fantasmas». Este fraude ha puesto en entredicho la eficacia de los controles estatales y ha desencadenado una serie de investigaciones y demandas legales.
El esquema de las «vacas fantasmas» en Uruguay. Una estafa ganadera
Promesas de rentabilidad y seguridad
Las empresas involucradas ofrecían a los inversores la posibilidad de adquirir ganado que sería criado y vendido para generar ganancias. Se prometían retornos fijos en dólares de entre el 7% y el 11%, cifras significativamente superiores a las del mercado tradicional ganadero.
Los contratos estaban respaldados por documentos oficiales y se aseguraba que cada animal estaba registrado en el sistema nacional de trazabilidad, lo que brindaba una aparente seguridad a los inversores.
La desaparición del ganado
Sin embargo, al momento de verificar la existencia de los animales, muchos inversores descubrieron que las vacas simplemente no estaban. En algunos casos, los números de identificación no coincidían con los registros, y en otros, los animales nunca fueron adquiridos.
Una auditoría reveló que de las más de 800,000 cabezas de ganado que Conexión Ganadera afirmaba manejar, solo existían entre 70,000 y 80,000.
El impacto de la estafa en los inversores y la sociedad de Uruguay
Más de 6,000 personas han sido afectadas por esta estafa, incluyendo profesionales, jubilados y pequeños ahorristas que confiaron sus ahorros a estas empresas. Algunos inversores, como Sandra Palleiro, una contadora de Montevideo, invirtieron sus ahorros de toda la vida y ahora enfrentan la posibilidad de perderlo todo.
El escándalo ha generado una ola de demandas y protestas. Los afectados exigen justicia y la recuperación de sus inversiones. Además, se han presentado denuncias contra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por supuestas omisiones en los controles de trazabilidad del ganado, lo que podría haber facilitado el fraude.
Investigaciones y acciones legales
Las autoridades uruguayas han iniciado investigaciones penales contra los directivos de las empresas involucradas. En el caso de Conexión Ganadera, sus principales responsables, incluyendo a Pablo Carrasco y la viuda de Gustavo Basso, están siendo investigados por delitos como estafa, apropiación indebida y lavado de activos. Además, se han tomado medidas como la prohibición de salida del país para los implicados.
Un grupo de abogados prepara una demanda civil por 1,000 millones de dólares contra el MGAP, argumentando que la falta de controles adecuados permitió que el fraude se llevara a cabo. Se alega que el ministerio no cumplió con su obligación de verificar la existencia y propiedad del ganado registrado, lo que generó una falsa sensación de seguridad entre los inversores.
La estafa de las «vacas fantasmas» ha sacudido los cimientos de la industria ganadera en Uruguay y ha dejado a miles de personas en una situación financiera crítica.